Un centenar de vigilantes que trabajó en la provincia de Lugo para la disuelta
Sequor Seguridad sigue a la espera de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de Barcelona, en donde la empresa tenía su domicilio social, les abone los salarios de los meses de noviembre y diciembre de 2012 que les dejó esta sin pagar. Su importe ronda los 3.000 euros por empleado.
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La situación es más preocupante en el caso de la mitad de esos trabajadores, que fueron despedidos en abril del año pasado. Además de seguir sin cobrar las indemnizaciones correspondientes, están a punto de agotar las prestaciones por desempleo, su única fuente de ingresos hoy en día. La otra mitad fue subrogada a empresas del sector.
«Hay compañeros con hipotecas e hijos a cargo que su situación es límite, desesperada, porque están acabando el paro», afirmó Juan Redondo, que fue miembro del comité de empresa de Sequor Seguridad en representación del sindicato.