El día 03 de Junio se ha reunido en Bruselas el comité de Dialogo Social para la Seguridad Privada formado por UNI-Global como parte social y CoEES como parte empresarial. De los sindicatos españoles ha asistido sólo la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO (FTSP-USO) representada por Marta Rueda, Secretaria Estatal de Formación e Información de dicha Federación.
Según la agenda de trabajo que estaba fijada se han tratado varios temas de especial interés.
En primer lugar se ha abordado la finalización del plazo de la transposición de la Directiva sobre Contratación Publica 2014/24/EU que estaba establecido en el 18 de abril de 2016. Muchos países europeos no la han llevado a efecto.
España no ha terminado el proceso de transposición y el gobierno español pretende hacerlo efectivo a través de un Decreto Ley. La parte social y empresarial están en contra de esta decisión debido a que la urgencia que lleva implícita un decreto de estas características anula el diálogo y la posible modificación de su contenido para poder adaptar la directiva a cada país.
También se trató de la creación de una plataforma para hacer frente al “Trabajo no declarado” en la que se van a tratar los trabajos sin contrato y los elementos adicionales del trabajo declarado que no se declaran y que terminan generando dinero negro, defraudaciones a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social: horas extras, nocturnidad, pago inferior a lo establecido, contratos de jornada parcial para trabajos de jornadas completa, etc.
Se pretende la cooperación entre países europeos sobre todo en actividades interfronterizas a través de un desarrollo legislativo y político europeo para asegurar el intercambio de información y buenas prácticas.
Nuevos fenómenos han aparecido en los últimos tiempos en Europa que obligan al sector de la Seguridad Privada a plantearse qué papel juega la Seguridad Privada. La avalancha de refugiados y el aumento de ataques terroristas deben hacer que las autoridades competentes establezcan de manera clara las condiciones para la prestación de los servicios que afronten esta problemática. Todo con el fin de dar un mejor servicio a la sociedad y una protección legal garantizada a los trabajadores.
CoEES propone un proyecto conjunto con UNI-Global para afrontar el futuro de los servicios de Seguridad Privada y la anticipación al cambio del sector. Los vigilantes de seguridad han ido ampliando sus funciones y los ámbitos de actuación aumentando así el interés comercial del sector. Los sindicatos hacen hincapié en el control legislativo de dichas funciones y en la implementación de formación de los trabajadores para realizarlas de forma competente. Se pone sobre la mesa el interrogante de quién debería hacerse cargo de la financiación de dicha formación.
Se hace mención a la revisión que ha de hacerse al Reglamento europeo de Transporte Profesional Transfronterizo de moneda Euro por carretera entre Estados miembros de la Zona Euro. Según el propio reglamento se debe revisar cada cinco años para hacer un estudio de impacto con el que poder establecer sus fallos, modificarlos y así mejorarlo. En estos momentos son sólo 21 las empresas que tienen en su poder licencia para actuaciones transfronterizas. Esto supone un área de mercado pequeña dentro de la Seguridad Privada, pero no debemos olvidar que la globalización de las actuaciones de los bancos hacen inevitable el aumento de trabajadores móviles en movimientos transfronterizos.
Se plantea un tema en común en todos los países asistentes. El interlocutor empresarial de Rumanía hace referencia a las “Empresas Cowoy” que son el equivalente a las empresas que en España denominamos “Empresas Piratas”. El gran problema de este país se encuentra en las autoridades del control de la competencia de mercado. Esta institución cree que plantar cara de manera legal a dichas empresas supone controlar el mercado económico de las empresas de Seguridad Privada.
En la misma línea se encuentra Croacia donde se ha sancionado a 7 empresas de Seguridad Privada por realizar un estudio sobre los precios de coste que supone contratar a un Vigilante de Seguridad y así poder establecer el precio mínimo al que la Administración Pública debe contratar la hora de trabajo en este sector. Entendiendo que si el precio de contratación es inferior al de coste se contribuye a la proliferación de Empresas Piratas con el consiguiente detrimento de los salarios de los trabajadores.
El Gobierno Croata ha interpretado esta acción como un intento, por parte de estas empresas, de acaparar el mercado.
Estos y más temas se han tratado en este comité preocupado por mejorar el Sector de la Seguridad Privada.
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FTSP-USO
