El juez de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba, ha enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un análisis forense sobre las grabaciones publicadas de supuestas conversaciones entre el magistrado y el empresario Miguel Ángel Ramírez, --a quien Alba estaba investigando-- que concluye que las mismas fueron manipuladas y alteradas.
Así lo explica en un comunicado en el que agregó que el mismo informe añade que las grabaciones no suponen un reflejo de la realidad, por lo que Alba solicitará el inmediato archivo de cuantas actuaciones existen en trámite en este momento.
"Se observa en las grabaciones que se han añadido palabras y frases sacadas de otro contexto pertenecientes a diferentes espacios temporales", expone el informe.
El análisis concluye asimismo que las grabaciones cuestionadas contienen pasajes de audio que "también intencionadamente" se han insertado en la grabación de base "tratando de dar la impresión de que son un solo evento acústico".
Respecto a la solicitud de archivo, Alba recordó que la remisión de auto y pieza separada por parte del Juzgado de Instrucción al TSJC se ha realizado sobre la base de unos cortes de una grabación aportada por un investigado "sin constatar su integridad ni autenticidad y avalando una transcripción entregada por el investigado que no coincide con la grabación aportada".
Aquí, añadió que se trata de una copia de un documento electrónico, una grabación que se aporta por el investigado en un proceso penal y que da lugar a incoación de una pieza separada que se remite al TSJC consignando el Juzgado la eventual comisión de Alba de hasta tres delitos, "sin que ni siquiera se haya recibido declaración al investigado que aporta esa copia ni exigido el original de la misma, cuando el mismo no reúne los requisitos del artículo 230 de la LOPJ".
"No creo --continuó-- que existan diligencias previas, juicios cambiarios, juicios ordinarios, divorcios y demás procedimiento incoados en los Juzgados sobre la base de copias no adveradas de documentos, salvo la pieza separada que se remite al Tribunal Superior de Justicia".
Finalmente, expuso que en el ordenamiento jurídico carece de validez un documento electrónico, "como es el aportado", que no reúna los requisitos de integridad y autenticidad, exigiendo las leyes procesales a las partes la entrega de documentos originales para dar inicio a actuaciones procesales, "sin que conste la aportación de original alguno de dicha grabación".
