El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, del que forman parte varias organizaciones sindicales y empresariales del sector, ha estimado como “muy acertadas” las recientes iniciativas de diversas comunidades autónomas y administraciones locales, que exigen la aplicación del Convenio Colectivo como criterio de cumplimiento o de consideración a la hora de elegir el adjudicatario de un proyecto.
El Observatorio considera que estas iniciativas se encuadran en una reflexión más amplia, relacionada con la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, en la línea de lo que disponen las nuevas directivas europeas, cuya trasposición debiera haber concluido el pasado 18 de abril.
Entre las diversas iniciativas señaladas, el Observatorio destaca el Acuerdo de Gobierno de las Islas Baleares, que recoge expresamente el cumplimiento de lo estipulado en los convenios colectivos vigentes en las islas, y la proposición no de ley adoptada por la Asamblea de Madrid, que insta al Gobierno regional a incluir en los pliegos de condiciones la exigencia del cumplimiento, como mínimo, de las condiciones laborales establecidas en Convenio Colectivo. Lo hace tal y como viene figurando, por ejemplo, en el pliego de condiciones de los servicios de contratación en Cataluña desde hace varios años.
Asimismo, el Observatorio también incide en la iniciativa adoptada por el Ayuntamiento de Madrid, ratificada por el Tribunal Autonómico de Recursos Contractuales (Resolución 16/2016), en la que se otorgan puntos en la valoración a las empresas que se comprometen al cumplimiento del Convenio Colectivo Sectorial.
El Observatorio Sectorial, del que forman parte organizaciones sindicales (FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y FTSP-USO) y empresariales (APROSER y UAS), todas ellas firmantes del Convenio Colectivo de Seguridad Privada, ha valorado positivamente estas iniciativas “en la medida que se corresponden con el aspecto más relevante incluido en los principios básicos de la contratación pública de servicios de seguridad privada, posición conjunta adoptada ya por el observatorio sectorial en 2014”, según indica en una nota
