La principal conclusión del documento elaborado por Novact es la necesidad de ordenamientos jurídicos internacionales, que pongan coto a la privatización de la seguridad
Finales de los 1990. Bosnia. La empresa de seguridad privada DynCorp, contratada por el gobierno estadounidense para operar en Bosnia, se ve envuelta en una red de prostitución de menores y trata de blancas. 2007, EEUU. El Congreso denuncia que la firma Blackwater, desplegada en Irak, es responsable de muertes de civiles, uso incorrecto de armamento, abuso de alcohol y drogas y comportamientos violentos. Son sólo dos ejemplos del impacto de la seguridad privada en los derechos humanos en los últimos años.
La ola privatizadora no sólo afecta a servicios públicos como la sanidad o la educación: cada vez más, los ejércitos regulares y de gestión estatal están siendo sustituidos en muchos lugares de conflicto por fuerzas armadas de empresas de seguridad. El caso más paradigmático es Irak, donde en 2007 los agentes privados superaron en número a los soldados regulares. Un crecimiento que rebasa límites sin que, de forma paralela, se haya desarrollado una legislación internacional al respecto que permite someterlos a un control efectivo.
Éstas son algunas de las principales ideas que denuncia la organización International Institute for Nonviolent Action (Novact) en su informe The invisible force (La fuerza invisible), en el que realizan un análisis comparativo de tres casos paradigmáticos: el de Irak, el de Colombia y el de Palestina. “Se está viviendo un proceso de privatización brutal en estos países y nadie lo está poniendo en cuestión”, alerta Felip Daza, codirector de Novact. Además la organización cuenta con varios investigadores sobre el terreno en cada uno de estos países.
Pese a que el escenario posterior a la guerra de Irak fue el punto de inflexión para esta industria, en puntos como Palestina, en ocasiones, los agentes de seguridad “tienen más autoridad que el mismo ejército”, asegura Daza. “En Jerusalén se está llevando a cabo parte del proceso de ocupación mediante seguridad privada”, explica. El país contrata a este tipo de empresas para asegurar la confiscación de tierras o asentamientos ilegales y no pocas veces se producen excesos, que acaban, incluso, con la muerte de sospechosos, según se recoge en el informe.
La inseguridad, una fuente de negocio
El creciente grado de conflicto en el mundo está produciendo un auge “alarmante” de este sector. Países como Colombia, donde también se detiene el documento de Novact, se han convertido en un buen lugar para reclutar a agentes, llegado el proceso de paz. Para el negocio, vale cualquier bando: “Se contrata a paramilitares y exguerrilleros, gente desmovilizada cuyo único oficio ha sido siempre lo militar y que son transladados a países en conflicto”, detalla Daza.
Tal y como se recoge en el informe, estas empresas, lejos de lograr la estabilización de países en conflicto, ocasionan lo contrario. “Provocan una fragmentación de los actores armados que al final acaba resultando en un impacto negativo en los derechos humanos, en un aumento de la inseguridad”, señala.
La principal conclusión del documento elaborado por Novact es la necesidad de ordenamientos jurídicos internacionales, que pongan coto a la privatización de la seguridad para que no se base en intereses exclusivamente privados. Algunos países, como EEUU, son partidarios de utilizar el actual Derecho Internacional. Sin embargo, éste no operaría en situaciones de preconflicto y postconflicto, donde se produce un vacío legal. “Ya no sólo operan estas empresas en zonas de conflicto, sino en diferentes momentos, sectores y con distintos clientes, por lo que hace falta ya una regulación a nivel internacional”, concluye Daza.
