El Consejo de Ministros autoriza la contratación de 900 nuevos vigilantes de seguridad para las prisiones que se resolverá por concurso sin publicidad por razones de seguridad
El Consejo de Ministros autorizó ayer la contratación de más de 900 vigilantes de seguridad para las prisiones españolas en el marco del plan de privatización de la seguridad de los 67 centros penitenciarios del país que comenzó en 2013 y que actualmente se encontraba en la prórroga de su segunda fase, que entró en vigor en octubre de 2014 y cuya renovación ya llevaba meses de retraso con motivo, entre otras razones, de la demora de la formación del nuevo Gobierno.
Los más de 900 vigilantes ocuparán 203 puestos de trabajo divididos en distintos turnos. El contrato conllevará un desembolso aproximado de 58 millones de euros por parte del Gobierno y dará servicio a todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, que son las que se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Los vigilantes se dedicarán, como venían haciendo hasta ahora, al control del perímetro de las instalaciones penitenciarias y de los accesos, además de a la observación de los circuitos cerrados de televisión, el análisis y la gestión de las señales de alarma. Su labor seguirá siendo, por lo tanto, la de auxiliar en las mencionadas tareas, que seguirán dirigiendo los policías y los guardias civiles, según anunció el Consejo de Ministros.
Los vigilantes que estén destinados al control de accesos seguirán estando capacitados para portar armas de fuego, como ya ocurre en otros servicios que realizan estos profesionales. El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión en el marco de la Ley de Seguridad Privada, aprobada el 4 de abril de 2014, meses antes de que comenzara la segunda fase del mencionado plan de inclusión de vigilantes en las prisiones. La norma permite a las empresas de seguridad encargarse de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios cuando así lo decida el Ministerio del Interior y siempre al servicio de la Policía y de la Guardia Civil.
El Gobierno tramitará la contratación del servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad. Argumenta que así lo contempla la normativa vigente en materia de contratos del sector público dado que esta licitación "exige la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar y con la salida y entrada de reclusos". Según el Consejo de Ministros, se trata de "circunstancias excepcionales que requieren la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado".
Los vigilantes se dedicarán al control del perímetro de las instalaciones penitenciarias
y de los accesos, además de a la observación de los circuitos cerrados
La iniciativa comenzó en 2013 con una primera fase a modo de prueba que conllevó la entrada de profesionales privados en algunos centros penitenciarios. En octubre de 2014 el experimento se trasladó a todas las prisiones de España en lo que se denominó la segunda fase del plan. Ahora, con el contrato de 900 nuevos efectivos, Interior renueva formalmente esa segunda fase, que ya llevaba un año prorrogada.
No se inicia por lo tanto de momento la tercera y definitiva fase, que en teoría conllevaba la salida de funcionarios y la entrada de más vigilantes. La tercera fase estaba previsto que entrara al año de ponerse en marcha la segunda, pero la realidad es que la segunda se ha alargado un ejercicio más y ahora se ha renovado durante el mismo periodo, lo que deja la entrada del último ciclo para, al menos, finales de 2017.
La repetición de las elecciones generales y el retraso en la formación del Gobierno, además de la polémica surgida tras el anuncio del plan, han provocado que el Ministerio del Interior paralizara el comienzo de la entrada de la tercera fase
