Las compañías de seguridad privada lograron en 2015 que sus plantillas superen por primera vez en número a la Guardia Civil gracias a la crisis y a la nueva ley del sector
La patronal de las empresas de seguridad privada (Aproser) ha lamentado en su balance de 2015 que la facturación del sector solo aumentara el pasado año un 2,8%, una tasa ligeramente inferior al 3,2% que creció la economía durante esos mismos 12 meses. Pero lo que Aproser no ha destacado es que su negocio alcanzó un hito que dibuja un nuevo paradigma en el modelo de la seguridad nacional. Los vigilantes privados se convirtieron en 2015 en la fuerza de seguridad más numerosa de España, superando por primera vez en número de efectivos a la Guardia Civil. A la Policía Nacional ya la superaron hace años.
La cifra sale del propio anuario estadístico de la patronal de seguridad. El número de vigilantes privados en activo subió de los 75.628 que había en 2014 a los 78.200 de 2015, un 3,4% más. El crecimiento es moderado, pero suficiente para rebasar en agentes a la Guardia Civil. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado a este diario, el catálogo de puestos de trabajo del cuerpo contempla una dotación de 83.220 empleados. Sin embargo, no todas las plazas están ocupadas y en esa cifra también se incluyen efectivos en la reserva. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de este año revela que, en realidad, la Guardia Civil contaba al cierre de 2015 con apenas 75.544 funcionarios en activo. El mismo documento señala que, el 31 de diciembre de 2014, la plantilla real del Instituto Armado era de 76.596 agentes. Es decir, que mientras que el número de agentes privados de seguridad no deja de crecer, la dotación de guardias civiles está en plena contracción.
El descenso del número de agentes de la Guardia Civil se explica sobre todo por la drástica reducción de las ofertas de empleo público para acceso al cuerpo. Entre 2010 y 2014, Hacienda autorizó convocatorias de únicamente el 10% de la tasa de reposición del cuerpo, es decir, que solo uno de cada 10 agentes que dejaron la Guardia Civil por voluntad propia, jubilación o fallecimiento fueron sustituidos por otro funcionario. En 2015, la convocatoria aumentó hasta el 50% de la tasa de reposición y 2016 es el primer año desde 2009 en el que salen a concurso vacantes suficientes para cubrir todas las bajas. Pero ni esos agentes se han incorporado todavía ni, cuando lo hagan, podrán revertir el descenso sufrido durante los años más duros de la crisis.
La Policía Nacional ha afrontado la misma encrucijada. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 31 de diciembre de 2014 formaban parte de la plantilla de la Policía un total de 66.519 agentes. Un año después, su número había caído hasta los 65.741, casi 13.000 menos de los que trabajan en la seguridad privada. El motivo es nuevamente el recorte al mínimo de la convocatoria de plazas de ingreso en el cuerpo. Hasta 2016 no se ha convocado una oferta que permita cubrir el 100% de las bajas que sufre anualmente la institución.
El escenario de la seguridad privada es completamente distinto. Las cifras de la patronal de seguridad privada reflejan que, a pesar de la crisis económica, el sector está aprovechando la pérdida de puestos de trabajo en el sector público y, por tanto, de capacidades de las Fuerzas de Seguridad, para ganar esas posiciones. Según su estadística, solo el 17% de su facturación procede de la Administración Pública y no ha habido ninguna variación en los últimos ejercicios en ese reparto de sus ingresos. Pero la compañías de seguridad han logrado que, en plena recesión, las empresas privadas se vean obligadas a mantener el 83% restante de su facturación para poder desarrollar en condiciones óptimas de seguridad su actividad económica.
Sus perspectivas de futuro son aún mejores tras la nueva Ley de Seguridad Privada, que multiplica las potencialidades del sector. La versión definitiva no es tan ambiciosa como el borrador que promovió directamente Aproser para asumir funciones que hasta ese momento, según la ley de 1992, estaban reservadas en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como el control de manifestaciones o la detención de personas que no estén relacionadas con su labor de vigilancia.
Con todo, la nueva norma en vigor, que comenzó a aplicarse en junio de 2014, elimina la subordinación del sector privado a los agentes de orden público -la relación ahora es de complementariedad- y abre la posibilidad a que presten un amplio abanico de servicios que permitirán disparar la facturación de sus compañías. Uno de los ejemplos es la protección del perímetro de las prisiones, que ha dejado progresivamente de ser ejercida por Guardia Civil, Policía Nacional y fuerzas autonómicas para recaer en firmas privadas. La ley actual permite a los vigilantes actuar en zonas de ocio delimitadas e incluso en espacios abiertos de las ciudades.
También ha rebajado los requisitos para conseguir la habilitación de vigilante y ha acabado con la obligación de que los agentes que lleven más de dos años sin trabajar tengan que realizar de nuevo el examen de habilitación para volver a ser contratados. Ahora, el título no caduca nunca. Es decir, que las compañías privadas de seguridad tienen más posibilidades de negocio que nunca y, también, más mano de obra a su alcance. La retracción de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional es el empujón definitivo a un escenario que ha venido para quedarse.
