Así se expresa la UniónGC, que se opone “a cualquier iniciativa que suponga la supresión de la seguridad pública” y lamenta que no se repongan los empleos.
Unión de Guardias Civiles (UniónGC), asociación profesional representativa en el Cuerpo, con dos vocales en el Consejo de la Guardia Civil, remitió ayer un comunicado de prensa para denunciar el parcheo de efectivos.
UniónGC, ante la decisión adoptada por el Gobierno en el año 2013 de incorporar vigilantes de seguridad en tareas de vigilancia en los centros penitenciarios, se opuso frontalmente, “pues es una medida innecesaria, invade competencias propias de Guardia Civil y Policía Nacional, encarece el servicio y, en definitiva, supone un derroche de dinero del erario público injustificable que no se sostiene con argumento alguno, como no sea el de beneficiar a empresas privadas de seguridad con no se sabe muy bien el fin”.
Supresión de trabajos
A la vez, esta decisión, según señalan desde la asociación, “puede suponer a corto plazo la supresión de puestos de trabajo en Guardia Civil, y lo que nos parece más grave en UniónGC, la apuesta de este Gobierno por disminuir la plantilla de Guardia Civil no recuperando los efectivos perdidos, casi diez mil durante los seis últimos años, consecuencia de implantar una tasa de reposición de efectivos del 10% que ha mermado gravemente las plantillas y disminuido ostensiblemente la presencia de guardias civiles en labores de seguridad ciudadana”.
La implantación de este servicio de seguridad privada “está costando anualmente al erario público nada menos que casi 33 millones de euros, cuantía que sería suficiente para dotar a cada guardia civil de un chaleco antibalas de uso personal, y que UniónGC ha demandado en múltiples ocasiones”.
La asociación recalca que “con el importe del coste de ese servicio en un solo año cada guardia civil podría contar con ese medio de autoprotección imprescindible en su trabajo diario y del que en la actualidad no disponen”.
“Por si fuera poco derroche la medida adoptada entonces por el Gobierno, el Consejo de Ministros del pasado día 19 de agosto ha decidido destinar otros 58 millones de euros a incrementar en 900 vigilantes de seguridad el servicio en las 67 prisiones estatales, lo que significa aumentar el despilfarro, con lo que el volumen del mismo se acerca a los cien millones de euros anuales, todo ello mientras los guardias civiles siguen sin los elementos de seguridad básicos ni los medios adecuados para afrontar su trabajo día a día”, afirman.
Adjudicaciones
Los guardias civiles también exponen en su comunicado que “queda por ver las empresas que serán las beneficiarias de estas suculentas adjudicaciones, pues echando números cada vigilante de seguridad tendrá un coste anual para el Estado de 64.444´44 euros, lo que supone más del doble del salario que percibe cualquier guardia civil en ese mismo periodo, una vergüenza y un despilfarro insultante”, para UniónGC.
La asociación apuesta por “el empleo público y de calidad, se opone frontalmente a cualquier iniciativa que suponga la supresión de la seguridad pública y esta medida adoptada por el Gobierno no hace otra cosa que parchear la carencia de efectivos en Guardia Civil y a su vez justificar esa merma para no reponer los empleos de seguridad pública perdidos durante los últimos años, a pesar de que esa medida, como se ha dicho, incremente el gasto. Todo sea por beneficiar a las empresas de seguridad privada”.
Por otro lado el colectivo de guardias civiles apunta que “a todo esto nadie parece hacer oposición, pues vemos que ninguna formación política se ha pronunciado en contra públicamente, tal parece que están más ocupados en otras cosas, o lo que ya sería más grave ¿ocupados en coger una parte de ese pastel tan apetecible en beneficio de familiares o amigos? Estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos”.
Escritos de queja
Las formaciones políticas no han hecho declaraciones públicas sobre este asunto, un tema que preocupa a este colectivo de guardias civiles. UniónGC se muestra públicamente en contra de esa medida y dirigirá escritos de queja tanto ante la Dirección General de la Guardia Civil como ante el Gobierno.
