El Consejo de Ministros autorizó hoy destinar una partida de 58 millones de euros para que el Ministerio del Interior contrate 203 agentes de seguridad privada para que presten servicio en 67 centros penitenciarios públicos.
Según explicó el Gobierno, esta contratación permitirá a estos agentes de seguridad privada prestar un servicio de apoyo en los centros penitenciarios bajo la supervisión y el control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde el Ejecutivo indicaron que los servicios a prestar por los vigilantes privados incluirán puestos de vigilancia en el perímetro de las instalaciones, control de accesos (que se desarrollará con armas de fuego), observación de los circuitos cerrados de televisión, análisis de las señales de alarma, gestión de las mismas y comunicación al responsable policial.
La contratación de este servicio de apoyo se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, en lo que definieron como “especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar y con la salida y entrada de reclusos”.
