La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha tachado hoy de "despilfarro" la decisión del Gobierno de destinar otros 58 millones de euros a aumentar la seguridad privada en las prisiones con 900 vigilantes más para la protección exterior de las cárceles.
En un comunicado, la asociación se refiere al acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 19 de agosto en esta materia para aumentar la vigilancia privada en 67 cárceles, un "derroche" que, a su juicio, supone un gasto "innecesario" de 100 millones de euros anuales.
Y todo ello, subraya, para una medida "innecesaria", que "invade competencias propias" de la Guardia Civil y la Policía Nacional, "encarece el servicio y, en definitiva, supone un derroche de dinero del erario público injustificable que no se sostiene con argumento alguno, como no sea el de beneficiar a empresas privadas de seguridad con no se sabe muy bien el fin".
Mientras se efectúa este gasto, dice UniónGC, los guardias civiles "siguen sin los elementos de seguridad básicos ni los medios adecuados para afrontar su trabajo día a día".
La asociación ha echado cuentas de las "suculentas" adjudicaciones de este servicio a empresas privadas y cifra en 64.444,44 euros el coste para el Estado de cada vigilante, lo que supone "más del doble del salario que percibe cualquier guardia civil en ese mismo periodo". "Una vergüenza y un despilfarro insultante", apostilla.
UniónGC reitera su apuesta por el empleo público y de calidad y, por ello, se opone "frontalmente" a cualquier iniciativa que suponga la supresión de la seguridad pública.
Con esta medida, el Gobierno, según opina la asociación, "no hace otra cosa que parchear la carencia de efectivos en Guardia Civil y a su vez justificar esa merma para no reponer los empleos de seguridad pública perdidos durante los últimos años".
La asociación dirigirá escritos a la Dirección General del cuerpo y al Gobierno para expresar su oposición a una medida que, según especifica, puede suponer a corto plazo la supresión de puestos de trabajo en la Guardia Civil.
Insiste UniónGC en que la implantación de este servicio de seguridad privada está costando anualmente al erario público casi 33 millones de euros, cuantía que "sería suficiente para dotar a cada guardia civil de un chaleco antibalas de uso personal"
