La Audiencia Nacional confirma la sanción que le impuso Interior por desarrollar labores incompatibles con su función policial, al trabajar como vigilante en la sede de la empresa
El Ministerio del Interior ha expulsado del Cuerpo Nacional de Policía a Rafael Rodríguez, el agente que se confesó autor del robo de casi tres millones de euros perpetrado a finales de octubre de 2013 en la sede central del Grupo de Empresas Matutes en Ibiza. Rodríguez fue durante años escolta personal del exministro Abel Matutes quien, según una sentencia de la Audiencia Nacional, le ofreció un puesto de vigilante de seguridad en la sede de sus empresas, retribuido con 1.500 euros al mes, además del uso gratuito de una vivienda para su familia en el edificio.
Rodríguez ha pasado, en unos pocos años, de ser un policía con múltiples felicitaciones profesionales y que contaba con la amistad y confianza de su antiguo protector, el presidente del Grupo Matutes y exministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes Juan, a ser ya un exfuncionario que todavía tiene pendiente un juicio penal por el robo.
La sentencia de la Audiencia Nacional, que desestima el recurso del expolicía contra la resolución del ministro del Interior que le separó del servicio al considerarle responsable de una falta muy grave, considera acreditado que el agente compatibilizó ilegalmente su trabajo en la comisaría de Ibiza con las tareas de vigilante de noche en la sede de Empresas Matutes entre 2009 y 2013.
La mujer recibía el dinero
El exministro fichó a su antiguo escolta simulando que contrataba a la esposa de éste como limpiadora en uno de sus hoteles. La mujer, que nunca llegó a trabajar en ese establecimiento ni en la central del holding, cobraba 1.500 euros al mes además de la vivienda en la que habitaba la familia, conectada con las oficinas del grupo empresarial. El matrimonio y sus tres hijos residieron durante años en esa vivienda, hasta que el cabeza de familia fue detenido por el robo.
De acuerdo con la sentencia, la esposa de Rodríguez nunca se ocupó de la vigilancia del edificio, sino que era el ahora expulsado quien realizaba tareas de seguridad entre las ocho de la noche y las ocho de la mañana de lunes a viernes.
Los fines de semana la vigilancia corría a cargo de otros dos hombres «mayores», que tampoco disponían de los permisos para trabajar como vigilantes de seguridad. El policía se ocupaba de hacer las rondas nocturnas por las oficinas y de estar al tanto de los sistemas de seguridad. Si saltaban las alarmas de incendio o robo, se ponía en contacto con la empresas de seguridad exterior y restablecía la normalidad en caso de falsas emergencias.
La noche del robo
Pero todo cambió en la noche del 25 de octubre de 2013, cuando Rodríguez desvalijó una caja de seguridad del edificio que protegía y se apropió de 2,7 millones de euros, de los que tan solo han sido recuperados 1,8 millones. El policía y vigilante usó, según su propia confesión tras ser detenido, un soplete comprado en internet para reventar la caja.
Sin embargo, el policía no ha sido expulsado del cuerpo por el robo, sino por trabajar de vigilante de seguridad para una empresa privada sin permiso, una actividad incompatible con sus funciones como agente policial.
El sospechoso ha ofrecido, tal y como aparece en la sentencia, hasta cuatro versiones diferentes de los hechos, en dos de las cuales admitió sin tapujos que había hecho de vigilante para Empresas Matutes durante varios años.
En otras dos manifestaciones Rodríguez se desdijo de sus primeras palabras y sostuvo que era su mujer la que prestaba servicios de limpieza y control para el Grupo Matutes y que él sólo la ayudaba esporádicamente en esas tareas.
Ni el Ministerio del Interior ni la Audiencia Nacional han dado crédito a la versión exculpatoria del exagente. Ambas instancias coinciden en que su trabajo encubierto era incompatible con su condición de policía y que merece la falta muy grave de expulsión que le impuso el ministro del Interior a raíz del expediente disciplinario instruido contra él.
Los magistrados resaltan que la confesión de Rodríguez se hizo sin presiones exteriores y de manera voluntaria, a pesar de que él denunció, sin mucha insistencia, unas presuntas amenazas de dos inspectores en los calabozos de la comisaría de Ibiza cuando fue detenido.
Los jueces, además, destacan que un testigo, el responsable de la central de alarmas, explicó que el policía fue el vigilante de noche de la sede de Empresas Matutes durante años y que siempre contactó con él para las incidencias. Esta persona también añadió que no conocía a la mujer del sancionado.
La sentencia no menciona para nada a otro agente del Cuerpo Nacional de Policía, que fue detenido como supuesto cómplice del robo y que podría haber ocultado 800.000 euros del botín.
La sentencia puede recurrirse ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo.
