La exdirectora general del Menor, María del Mar Arévalo Araya, declaró ayer en la Audiencia Provincial que nunca tuvo conocimiento de que en los centros del Archipiélago se usaran contenciones como las denunciadas por un menor quien asegura haber sido torturado con correas psiquiátricas. Los hechos se remontan a finales de 2004 y supuestamente tuvieron lugar en Mesa Ponte en La Laguna, cuando este interno dijo que permaneció una vez once horas, y en otra cuatro, totalmente inmovilizado, sin poder comer ni beber.
Arévalo Araya, que llegó a estar imputada en esta causa, recuerda que la Fiscalía pidió a la gestora de los centros, la fundación Ideo, que no usara las contenciones. La exdirectora general dijo que se enteró entonces de que aplicaban esa práctica y la jefa de servicio la prohibió. La Fundación Ideo exculpó al Gobierno canario y ratificó que en la administración nunca estuvieron al tanto del uso de estas contenciones, ni las autorizaron. Arévalo recuerda que por aquellos tiempos hubo un cambio de gestión en los centros, lo que dio lugar a una gran conflictividad laboral. De lo ocurrido en Mesa Ponte asegura que se enteró por lo que manifestó la Fiscalía de Menores, desde donde se comunicó que no se consideraba oportuno usar dichas contenciones. Señaló que desde Ideo y la empresa de vigilancia, Seguridad Integral Canaria SA, se defendió que este sistema era más adecuado que los grilletes metálicos. Para convencerla, le enviaron estos elementos manchados de sangre de menores, que se lesionaban al usarlos. Ayer tuvo lugar la tercera jornada de esta vista, que previsiblemente acaba hoy. Intervinieron como testigos personas relacionadas con el funcionamiento del centro, tanto de la gestión como de la seguridad. José Luis Adeva, entonces responsable de Seguridad Integral en Santa Cruz de Tenerife, dijo que presentó a la Fiscalía la posibilidad de utilizar estas contenciones y que el Ministerio Público dio el visto bueno, o al menos no se opuso. Admitió que estos elementos fueron comprados por su empresa y los entregó a personal de Ideo.
Apuntó que los responsables últimos del uso de este recurso eran los gestores, no los vigilantes. "Nuestra intención era evitar que los menores se lesionaran a ellos mismos o a terceras personas como estaba ocurriendo con los grilletes", indicó. Sobre la posibilidad de que estas medidas se utilizaran 11 horas seguidas, no negó que le parecía un tiempo excesivo "e, incluso, si me dice que bastante menos, también me lo parecería". Y es que el objetivo era aplicarlas solo hasta que el menor se tranquilizara. Otros testigos fueron vigilantes o educadores. Una educadora llegó a negar que el día de los hechos hubiese ocurrido nada de lo señalado, o al menos, dejó claro que ella no se acordaba.
