El Gobierno aragonés estudia aportar psicólogos para ayudar a valorar el riesgo de las víctimas. Negociará con Podemos la propuesta de usar seguridad privada, pero no sería la vía prioritaria
El Gobierno de Aragón no se cierra a negociar la idea de incorporar a los escoltas privados para la protección de las víctimas de violencia de género de alto riesgo, pero se inclinaría más bien por negociar con Interior –a través de la Delegación del Gobierno en Aragón– la incorporación de agentes de Policía Nacional o Guardia Civil, según la demarcación, para estas tareas. En cualquier caso, las vías prioritarias para el Ejecutivo autonómico van más bien en la línea de la prevención: por un lado, facilitando a las víctimas los trámites de denuncia y el seguimiento de su caso; y por otro, aportando especialistas (psicólogos y trabajadores sociales) que ayuden a las Fuerzas de Seguridad a realizar evaluaciones de riesgo más precisas de las víctimas.
Podemos lanzó la propuesta de la incorporación de escoltas privados a través de una Proposición no de Ley (PNL), la semana pasada, que llevarán al próximo Pleno de las Cortes, esta semana. Según matizó la diputada Amparo Bella, su propuesta en realidad incluía dos modalidades: la prioritaria sería echar manos de los agentes de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón, pero si no hubiera efectivos suficientes, calculan que con un presupuesto de 470.000 euros se podrían incorporar escoltas para las víctimas de riesgo alto y extremo (que en el 2016 llegaron a 7, y actualmente son 4, según las últimas cifras de Interior) durante todo el año. Y con 500.000 euros, aún quedarían 30.000 para pulseras de control telemático.
El Gobierno de Aragón piensa debatir seriamente esta propuesta, en primer lugar solventando los problemas de asignación presupuestaria por departamentos que hicieron que algunas partidas destinadas a violencia de género no pudieran invertirse en el campo de la protección.
Pero las medidas que se adopten habrán de hacerse sin invadir competencias de nadie, como ya apuntó el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en su comparecencia del viernes en las Cortes. Y actualmente la Unidad Adscrita no tiene atribuciones en este campo. De ahí que las fuentes consultadas en la DGA vean más viable abrir la futura negociación a Interior, para estudiar la incorporación de agentes a esta tarea. Salvando la falta de efectivos que acucia a todos los cuerpos.
RIESGO
Donde ven más posibilidades a corto plazo es en la valoración de riesgo. Las carencias en el sistema actual vienen siendo señaladas por prácticamente todos los implicados en la lucha contra la violencia de género. Basta recordar que ninguna de las mujeres asesinadas por sus parejas en Aragón durante el año pasado estaba clasificada como de alto riesgo; en algunos casos no había ni denuncia.
De ahí que el Gobierno de Aragón estudie ofrecer la incorporación de psicólogos o trabajadores sociales que complementen la valoración policial. Esta se basa actualmente en un cuestionario que arroja un resultado, por más que el agente que atiende a la víctima pueda elevar, motu proprio, el nivel que arroja el programa informático, como de hecho lo hacen.
En un nivel más general, otra de las ideas viables que sopesa el Ejecutivo es la formación de asistentes sociales y funcionarios judiciales para auxiliar y conducir a la víctima por los trámites de denuncia y el seguimiento de su caso.
Al fin y al cabo, esta se enfrenta a un entorno hostil, con una gran presión psicológica –más aún en el ámbito rural, donde centran sus esfuerzos–, y cualquier trámite puede parecerle una barrera. Alguien que le acompañe y explique todos los recursos a su alcance puede ser más eficaz que cien campañas de información, consideran las fuentes consultadas.
Todas las fuentes consultadas advierten de las muchas aristas que tiene el problema de la violencia de género, comenzando por la educación, que no parece que esté normalizando la igualdad, a juzgar por los estereotipos perpetuados entre los adolescentes.
