«¿Cómo explica que la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana haya adjudicado el contrato de vigilancia y seguridad privada del Centro de Menores de Sograndio a la misma empresa que sancionó por incumplir el contrato?». Esa es la pregunta urgente que la diputada de Podemos Lucía Montejo ha registrado en el Parlamento asturiano.
Es la misma cuestión que plantean los profesionales del centro y la entidad que aglutina a los vigilantes de Seguridad, Avispa, ya que la empresa de seguridad ha sido sancionada por el propio Gobierno regional, al incumplir el anterior contrato y tener nóminas pendientes con los trabajadores. Sin embargo, fue la única que se presentó al concurso para renovar el servicio.
