La Fiscalía no alberga duda alguna y en sus conclusiones definitivas pide que cada uno de los tres acusados por el supuesto delito de torturas a un menor en 2004 en el centro de Mesa Ponte, en La Laguna, debe ser condenado a un año y medio de cárcel y al pago de 10.000 euros. Para el fiscal quedó acreditado que el adolescente fue sometido a un trato "humillante, inhumano y vejatorio", al ser reducido con correas de uso psiquiátrico que no estaban autorizadas. La acusación particular se adhirió a las conclusiones de la fiscal, aunque solicita dos años de cárcel y que se abonen al denunciante 30.000 euros. Los responsables subsidiarios serían la empresa Seguridad Integral Canaria, Ideo o el propio Gobierno regional.
El Ministerio Público considera demostrado que el excoordinador del centro, J.F.D.S., es la persona responsable del trato recibido por el joven. Como prueba cita los partes con su firma en los que se recoge el uso de las sujeciones mecánicas. Mencionó que un auto del juzgado de menores emitido poco después de los hechos dejó claro que no se podían usar y se pedía su retirada inmediata. Los peritos que intervinieron ayer en la sesión declararon que en tres de ellos se hallaron restos de orina. Y es que el afectado denunció que mientras estuvo inmovilizado ni se le dio de comer, ni de beber ni se le permitió ir al baño, por lo que se hizo sus necesidades encima.
El director, que en realidad se identificó como coordinador, apeló a que durante el tiempo en el que ocurrieron los hechos estaba de baja, pero la Fiscalía cree que no quedó suficientemente acreditado. El acusado lo único que presentó fue un parte de su médico de cabecera emitido hace dos años. En cuanto a los dos vigilantes acusados, H.A.S.R. y A.M.R.L., la Fiscalía indica que, en el primer caso, al ser el jefe del equipo, fue el responsable de impartir la orden del castigo. Recordó que algunos testigos declararon que, a veces, los seguritas actuaban por decisión propia y luego daban parte a los educadores. Rechazó los argumentos de que esta medida se tomaba un máximo de 15 minutos y que se hacía siempre bajo supervisión. "Lo cierto es que ha quedado demostrado que se excedieron en el tiempo y se causó un dolor físico y síquico degradante y humillante para un chico de dieciséis años", dijo. De A.M.R.L. dijo que era el ejecutor material, tal y como reconoció aunque indicó que si en la instrucción se hubiese hilvanado más habría más acusados. "Ha quedado acreditado que las cintas estaban prohibidas y sin embargo fueron utilizadas de forma indiscriminada". Las defensas apelan a las contradicciones del denunciante e intentaron demostrar que los responsables de aplicar estas medidas eran los educadores, si representaban a los vigilantes, y al revés si defendían a los técnicos. Pidieron la libre absolución de sus clientes.
