El aeropuerto industrial de Teruel licita un contrato de vigilancia privada, con exhaustivos sistemas de control para garantizar la seguridad en las instalaciones
El consorcio del Aeropuerto de Teruel, controlado por el Gobierno aragonés, acaba de licitar un nuevo contrato de vigilancia privada para las instalaciones que detalla, de forma exhaustiva, los protocolos de seguridad que deben regir permanentemente en todo este recinto.
Controles de accesos, revisión de acreditaciones del personal y de los vehículos que acceden al complejo y que se mueven por su interior, o supervisión de las operaciones realizadas en las instalaciones -caso de los movimientos de combustible- son algunas de las tareas reguladas en el protocolo de vigilancia permanente de este aeoropuerto industrial, que no opera para el tráfico de viajeros o de mercancías.
La Plataforma Aeroportuaria de Teruel (Plata) fue promovida por el Gobierno aragonés y entró en servicio en el año 2013. Fue concebida -y así funciona- como centro de operaciones para la industria aeronáutica internacional, en particular para las actividades de mantenimiento y estacionamiento de aeronaves, y también para el desmontaje y reciclado de aparatos que finalizan su vida útil. Es el mayor garaje de aviones de España y se está consolidando como uno de los más destacados del mundo.
En este complejo tiene una de sus sedes la compañía Tarmac, filial del gigante aeronáutico Airbus, que se dedica a esas actividades industriales relacionadas con el mantenimiento y reciclaje de aeronaves.
Además, el aeropuerto de Teruel también va a ser sede de una escuela británica de pilotos.
El contrato de seguridad que acaba de sacar a licitación el consorcio público que gestiona el aeropuerto turolense estará en vigor durante doce meses, prorrogable por otros tantos si están de acuerdo ambas partes. El importe máximo por estas tareas de seguridad privada es de 288.135 euros anuales, unos 24.000 euros mensuales.
El nuevo contrato de seguridad entrará en vigor a principios del próximo año. Entre sus cláusulas se detallan estrictas obligaciones de confidencialidad a cumplir por el adjudicatario. Se considera bajo secreto toda la información sobre instalaciones y protocolos de funcionamiento a que tenga acceso el personal privado de seguridad.
