El sector de seguridad privada facturó 3.841 millones de euros en 2015, un 2,87 % más que en 2014, una cifra "poco optimista" para la patronal Aproser, que prevé cerrar 2016 con un incremento de la facturación del 2,75 %.
El presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), Ángel Córdoba, ha señalado que "el sector no acaba de recuperarse, al estar por debajo de la senda de crecimiento del PIB español".
Para Córdoba, el área de negocio en situación más crítica es el de vigilancia, que supone cerca de dos tercios del negocio sector y que facturó un 1,79 % más (2.159 millones de euros), un crecimiento "significativamente inferior al crecimiento de la economía española".
Pese a ello, la división de vigilancia rompió la tendencia negativa del periodo 2009-2014, en el que se llegaron a registrar descensos de hasta el 8,05 % en 2012, el mayor de todo el periodo.
De cara al cierre de este año, la patronal espera que la vigilancia facture un 2 % más, un dato con el que sector no se declara todavía satisfecho.
El secretario general de Aproser, Eduardo Casas, ha explicado que "la seguridad privada está muy anclada a la evolución de la economía y este sector es de los que más tardíamente nota los efectos de la recuperación".
Además, Aproser afirma que el sector está todavía en crisis, con una facturación que no supera los niveles de 2007. "Por el camino hemos perdido un 25 % de la cifra de negocio", añade.
En el resto de matrices de negocio, las alarmas y otros sistemas facturaron 1.026 millones de euros, un 5,45 % más, y el transporte de fondos 296 millones, un 2,23 % más.
Por origen de negocio, un 83 % de la facturación provino de servicios prestados a empresas privadas y un 17 %, al sector publico, mientras que las principales entidades demandantes de estos servicios fueron la industria (17,90 % de la demanda), entidades financieras (12,55 %) e infraestructuras de transporte (13,84 %).
En la actualidad el sector cuenta con un total de 1.354 empresas de seguridad en activo, según datos del Ministerio del Interior y de los gobiernos vasco y catalán, de las que un 82,4 % tienen menos de 50 trabajadores.
El año 2015 se cerró con 78.200 vigilantes en activo, un 3,4 % más respecto a 2014, y la modalidad de contratación fue mayoritariamente de carácter indefinido, un 82 %, frente a un 17 % de contratos temporales.
Córdoba ha aprovechado la presentación de resultados para pedir al Gobierno una "reformulación parcial" del Estatuto de los Trabajadores, con especial atención a cambios en "la parte de la normativa que permite descuelgues salariales o que prioriza la aplicación de los convenios de empresa, frente a los convenios colectivos".
